JORGE VELÁZQUEZ / Castigo a espías.

  • CASTIGO A ESPÍAS DE COMUNICADORES
  • TERCERA EDAD, POTENCIAL DESAPROVECHADO
PARA LOS COMUNICADORES no es extraño el espionaje; los espías siempre están en su entorno y muchos de ellos hasta conviven con ese tipo de agentes y “orejas” quienes les allegan, inclusive, información de todo tipo en donde se incluye, por ejemplo, horarios de marchas y manifestaciones, peticiones de los grupos, dirigentes y hasta la logística de los grupos de quejosos adversos a los gobiernos federales y estatales.
Los reporteros saben que en sus fuentes informativas hay por lo menos un enviado de Gobernación o de otras dependencias que se hace pasar por comunicador y participa en conferencias, entrevistas de prensa y hasta en los eventos sociales; es más, muchos de estos espías tienen asignado hasta un sitio dentro de las salas de prensa.
Quizá en otros tiempos, cuando los periodistas manejaban información privilegiada los espías tenían razón de existir; sin embargo, en la actualidad, casi toda la información es pública y hasta hay organismos e instituciones encargadas de la transparencia informativa.
Por eso resulta ocioso que un periódico norteamericano haya “descubierto” que algunos periodistas son espiados por el gobierno mexicano y más todavía que la presidenta de la comisión especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez, se desgarre las vestiduras y exija una investigación exhaustiva y se castigue a los servidores públicos involucrados en espionaje, ataques a la libertad de expresión y privacidad de los comunicadores.
“Por qué el gobierno federal sí cuenta con recursos para espiar a comunicadores y no para el Mecanismo de Protección”. Pidió que “se informe sobre esas actividades de espionaje realizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en contra de informadores”. Solicitó saber cuánto costó al gobierno el malware pegasus, que fue utilizado al menos en 76 ocasiones entre enero de 2015 y julio de 2016 para espiar a periodistas, según los reportes. ¿Le harán caso?.
EN MÉXICO, 1.4 MILLONES DE MEXICANAS PADECEN acoso sexual en el trabajo, que representa el 10 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA); sin embargo, 99.7 por ciento de los casos no son denunciados, según la diputada Eloísa Talavera Hernández, secretaria de Comisión de Seguridad Social.
De acuerdo a la legisladora, el problema se debe a que no existe disposición o norma que obligue a los titulares de las dependencias de gobierno, instituciones y organismos descentralizados, implementar acciones que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo.
Ante ello, propone reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, para que titulares de las dependencias de los Poderes de la Unión, gobierno de la Ciudad de México, instituciones públicas y organismos descentralizados, implementen medidas y procedimientos para prevenir, atender y sancionar los casos de hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo.
Talavera Hernández precisó que hostigamiento y acoso sexual, son conductas que atentan contra el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales de las mujeres como son la dignidad, integridad física, la moral, libertad sexual, derecho al trabajo y a la salud integral. “Si bien los hombres también sufren casos de hostigamiento y acoso sexual, la realidad es que son las mujeres quienes mayormente continúan siendo víctimas de este tipo de agresiones”.
COMO ME VES, TE VERAS, eso es lo que afirman la gente que se perfila a la tercera edad, grupo cuyo potencial, capacidad y experiencia de trabajo sigue desaprovechada en México como lo señala la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015, en donde se indica que sólo el 9 por ciento del total de esta población es económicamente activa. Ante ello, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, está proponiendo elevar el estímulo fiscal a quien contrate personas de 60 años del 25 al 50 por ciento del salario otorgado a este sector de la población.
Por lo que se ve ese sector sigue desprotegido si se toma en consideración que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 50.5 por ciento labora por cuenta propia, mientras que 4.9 por ciento son trabajadores sin pago. Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos, es decir, el  35.5 por ciento, es subordinada y remunerada; la mitad de éstos no reciben prestaciones. Gutiérrez Campos señaló que, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), el porcentaje de adultos mayores de 60 años y más aumentará hasta 25 por ciento en las próximas tres o cuatro décadas, por lo que la cantidad de personas con discapacidad se incrementará en una relación semejante.
Ante el aumento significativo en el número de adultos mayores de 60 años en el país, es necesario crear un entorno fiscal que permita abrir las puertas a la inclusión de empleos, que deberán ser decentes, dignos y bien pagados para lograr el pleno desarrollo del ser humano y el bienestar integral de las familias…. NOS LEEREMOS LA PRÓXIMA ENTREGA…
*Columnista DIARIO IMAGEN.
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