Detienen en Tlalnepantla a Ministeriales extorsionadores

Agencia Cuestión de POLÉMICA

La noche del  16 de junio, una pareja circulaba a bordo de su vehículo sobre la Vía López Portillo, cerca del entronque con la carretera Texcoco-Lechería, cuando fueron interceptados por varios sujetos que presuntamente se identificaron como elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes les exigieron un pago de 120 mil pesos para no presentarlos ante el MP por un delito que nunca cometieron.

 

Los afectados tardaron varias horas en reunir el dinero por medio de sus familiares para poder recuperar su libertad, de acuerdo con una denuncia difundida a través de redes sociales.

 

El matrimonio afectado narró que los presuntos agentes de la FGJEM viajaban a bordo de un automóvil Charger blanco, con el cual les cerraron el paso y ahí empezó la pesadilla para ellos.

 

Los ministeriales los amenazaron con meterlos a la cárcel si las víctimas no aceptaban “el paro” que les ofrecían, ya que los acusaban de “tener pedo” con la ley.

 

Tras recuperar su libertad mediante el pago de la suma antes mencionada, la familia afectada logró reconocer a dos de los sujetos que los extorsionaron y privaron de manera ilegal de la libertad como mandos de la Fiscalía Regional de Ecatepec.

 

A través de las redes sociales, los afectados  difundieron las fotografías de Marco Antonio y Marco, ambos elementos en activo de la Fiscalía, a quienes señalaron como dos de sus presuntos agresores.

 

La información fue difundida en diversas páginas de Facebook, donde otros usuarios también los reconocieron como personas que cobran fuertes sumas de dinero a dueños de bares y antros del municipio de Ecatepec, a cambio de protección para no ser clausurados.

 

Marco Antonio fue Jefe de la Fiscalía Regional en Tecámac y antes coordinador en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En 2018 fue acusado junto con otro comandante de nombre Félix Noriega Razo de extorsionar y privar de la libertad a transeúntes y comerciantes por medio de los agentes bajo su cargo en dicho municipio.

 

En dichas denuncias se lee que, después de “sembrar” drogas, armas, dinero, teléfonos celulares, o incluso acusar a las víctimas por robo de vehículos, los mandos exigían a los familiares de 50 a 100 mil pesos para “evitar papeleo” y que estas fueran encarceladas.

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