JORGE VELÁZQUEZ / Ley de Seguridad, papa caliente a Magistrados.

JORGE VELÁZQUEZ / Cuestión de POLÉMICA

*LEY DE SEGURIDAD, PAPA CALIENTE A MAGISTRADOS

*CRECE ENFRENTAMIENTO CORRAL-HACIENDA  

REMITIDA A LA SUPREMA CORTE de Justicia para su revisión constitucional por el presidente Enrique Peña Nieto, la Ley de Seguridad Interior, envuelve a la mayoría de la población mexicana con la sospecha de si este nuevo ordenamiento justificará la represión a la manifestación pública y es atentatoria a las garantías individuales consagradas por la Carta Magna, o, como se le ha querido manejar, es un instrumento que legaliza el uso de las fuerzas armadas para abatir a los grupos criminales diseminados en todo el país.

Cual sea la postura de los magistrados, su aprobación, revisión o rechazo que deberán presentar en los próximos días,  es la nueva papa caliente que cargaran los ministros de ese cuerpo colegiado, quienes, de nueva cuenta, tienen que revisar y resolver, una situación jurídica que ya pasó por el Poder Ejecutivo, revisaron, supuestamente 500 diputados federales y 120 senadores, además de académicos y expertos en la materia; sin embargo, el rechazo de la población en general y hasta de organismos internacionales, deja tremendo socavón de duda sobre las consecuencias que pueda tener su aplicación en los hechos.

Quienes están a favor de esta Ley de Seguridad, promulgada por el presidente Peña Nieto en diciembre del año pasado, alegan que en la realidad las fuerzas armadas ya estaban participando en su lucha contra los grupos criminales y que faltaba una ley para regular esa actuación junto a los castigos en contra de aquellos elementos que sobrepasen su actuación.

No obstante, luego de la presión nacional e internacional, los ministros tendrán que responder en los próximos días sobre su aplicación y si no contrapone sus dictados a lo que dice una Constitución que desde su artículo primero defiende las garantías individuales.

Qué dicen los números al respecto. El ejercicio elaborado por la empresa Parametria, apunta que sus levantamientos sobre el tema, iniciados desde hace 10 años, muestran opiniones divididas: el 45% dijo preferir al ejercito desempeñando esta función y 43% mencionó que a la policía.

“Del año 2008 a enero 2017 vemos que los porcentajes de personas que dijeron preferir al ejército cuidando las calles se incrementaron y oscilaron entre 60 y 66%, mientras que aquellos que dijeron que era mejor que la policía asumiera esa labor descendió para llegar a un mínimo histórico de 18% en el año 2017. Sin embargo, en la última medición de diciembre de este año vemos que hay un repunte en el porcentaje de ciudadanos que dijeron preferir a las policías haciendo ésta función, mientras que disminuyó aquellos que mencionan que es preferible que el ejército lo haga”. Dice.

En el mismo sentido, observamos que de enero de 2017 a diciembre del mismo año disminuyó en 10% las personas que consideran que es necesaria la presencia del ejército en las calles para mejorar la seguridad en del país, al transitar de 64% a 54% quienes así lo creen. Los datos indican que el 54% de los entrevistados creen necesaria la presencia del ejército en las calles para tener mayor seguridad, 39% dice que no es una medida necesaria y 7% no supo que contestar o no contestó al cuestionamiento.

Una de las críticas que se han hecho respecto de la participación del ejército en tareas de seguridad interior es que no se contemplan controles para resolver casos de abuso de dicha institución. De acuerdo con una nota publicada por Animal Político, que cita la carta que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) envío al Senado, la aprobada ley establece que las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior “con su organización, medios y adiestramiento”, lo que representa un riesgo, pues la ONU ha señalado en distintas ocasiones que la formación y adiestramiento de los militares resultan inadecuados para la realización de las tareas previstas en la ley.

Consistente con los datos anteriores, en la opinión pública se observa que de la anterior medición a la fecha ha disminuido el porcentaje de personas que creen que el ejército está preparado para convivir con la población, pasó de 60% en enero de 2017 a 45% en diciembre del mismo año quienes así lo creen. La última medición indica que hay opiniones divididas sobre si el ejército está o no preparado para convivir de manera cotidiana con la población 45% dice que sí lo están y 41% no lo consideran así.

En cuanto al tema del respeto a los derechos humanos por parte de las diferentes instituciones que se encargan de atender temas de seguridad en el país, observamos que quienes son señalados por la ciudadanía como los que menos los respetan es la Policía Estatal (74%), seguido de la Policía Federal (65%), el Ejército (43%) y finalmente la Marina (39%).

Es decir, la ciudadanía considera que tanto la Marina como el Ejército son las dos instituciones que respetan en mayor medida los derechos humanos de las personas, esto en contraste con la opinión de algunos analistas que ven en este punto otro tema de riesgo para la población, derivado de la formación de estas fuerzas.

Un dato que resulta importante es que a pesar de que la policía estatal es la señalada como la que menos respeta los derechos humanos de las personas, más de la mitad de la población considera que fortalecer estos cuerpos ayudaría más a mejorar la seguridad en el país en lugar de que los militares asuman las funciones de la policía.

Seis de cada diez mexicanos están a favor de que los municipios tomen las medidas necesarias para mejorar a la policía local mientras que 35% de la población se manifiesta a favor de que los militares asuman las funciones de seguridad en las calles.

Así las cosas, la decisión de la Suprema Corte de Justicia, dejará una honda huella en la sociedad que, si no se toma con mucho cuidado, podría enterrar el prestigio logrado por esa institución.

TREMENDA BOLA DE NIEVE está generando el caso Chihuahua con la desviación multimillonaria de César Duarte y el hecho de que, supuestamente, la Secretaría de Hacienda detuvo recursos por 700 millones de pesos para programas que ejecutaría el gobierno del Estado a cargo de Javier Corral. Ayer su equipo de prensa difundió el apoyo a su denuncia en contra de Hacienda, por parte de intelectuales, líderes políticos, defensores de los derechos humanos, entre otros, que urgen al gobierno federal a resolver este espinoso caso. En la presentación, Corral Jurado estuvo flanqueado por personajes de diversos signos políticos y, sobre todo, ciudadanos comprometidos con las mejores causas en la lucha por la democracia, la transparencia y el combate a la corrupción en el país, así como impulsores del Encuentro Chihuahua, celebrado en agosto de 2017. Por ejemplo Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, Marieclaire Acosta, académica y especialista en temas relacionados con la defensa y promoción de los Derechos Humanos, José Octavio López Presa, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y académicos, intelectuales y líderes de opinión, entre los que se encuentran Denise Dresser, José Antonio Crespo, Clara Jusidman, José Luis Caballero, Jorge G. Castañeda y Cecilia Soto… NOS LEEREMOS LA PRÓXIMA ENTREGA…

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